Por Ilsa Díaz Zelaya
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Las últimas decisiones del Gobierno en materia de Seguridad, demandan una revisión general de la legislación general de las Telecomunicaciones, entre ellas, el internet, comercio electrónico, legislación de banca y seguros, y todas aquellas que “toquen” de alguna manera las diferentes disposiciones que producen cambios que con el objeto, dice el Gobierno, de conocer el movimiento de bienes y servicios; llevarán de hoy en adelante una serie de disposiciones a cargo de las autoridades encargadas de conocer a fondo los negocios y movimientos de particulares en el mundo de los negocios para llevar un control en los movimientos económicos que se describan en cuentas bancarias, transferencias de documentos, bienes, lavados de activos, mensajes electrónicos, comunicaciones y mensajes como claves usadas para negocios de extorsión, robo, delitos que las autoridades deberán debidamente atentas a conocer y buscar justicia, sin que en algún momento se llegue a pensar en un estado policial o perseguidor político de personas inocentes, tal como está ocurriendo en países vecinos.
La legislación que se relaciona de una forma u otra con estos hechos, sean legales o ilegales, es poco conocida en nuestro país, el comercio electrónico, es una ley aprobada en años recientes, pero se desconoce su reglamentación, la constitución de una empresa de internet, se instala en cualquier edificio como si fuera una empresa comercial que no está sometida a una verdadera reglamentación, la presencia indiscutible de nuevas tecnologías en el mundo cibernético demanda una revisión para actualizar leyes ancestrales como el Código de Comercio, leyes conexas, y la legislación general de las telecomunicaciones.
Honduras ha suscrito sendos Tratados de Libre Comercio, es importante que a estas alturas todos estos documentos sean revisados, para hablar el mismo idioma con nuevas disposiciones internacionales de Comercio, leyes binacionales, transnacionales, regionales, etc. Merecen una revisión urgente, no solamente para mejorar nuestras relaciones comerciales y financieras en general, sino para dar cumplimiento a las disposiciones gubernamentales que le han declarado la guerra a la extorsión, lavado de activos, robo y asalto, y demás disposiciones de leyes transfronterizas, como lugares escogidos por los ciudadanos decentes, honrados y cumplidores, así como el castigo que por ley y justicia le cae a los que faltan y mantienen en constante peligro a gran parte de nuestra población, que desea paz, ley y justicia.
