Washington, D.C. – La administración de Donald Trump está evaluando medidas que podrían otorgarle un mayor control sobre el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), un organismo independiente.
Este movimiento podría modificar la forma en que los estadounidenses reciben entregas esenciales, como compras en línea, medicamentos con receta, cheques y papeletas de voto por correo.
El Washington Post informó inicialmente que Trump planea disolver la Junta de Gobernadores del USPS y colocar la agencia bajo el control directo del Departamento de Comercio, dirigido por el secretario Howard Lutnick. Posteriormente, el Wall Street Journal respaldó este reporte, citando a funcionarios del gobierno.
El Servicio Postal no ha emitido comentarios al respecto. Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca negó que Trump tenga intención de firmar un decreto ejecutivo para reestructurar el USPS.
“Esto no es cierto. No hay tal EO (‘executive order’, decreto en español) en proceso, y el secretario Lutnick no está presionando para ello”, declaró a CNN.
A pesar de esta negación, la administración no ha aclarado su postura sobre la privatización del USPS, una idea que Trump ha considerado en el pasado.
Según el Washington Post, la Junta de Gobernadores del Servicio Postal tomó la amenaza en serio y convocó una reunión de emergencia para contratar asesoría legal con la intención de demandar a la Casa Blanca si intenta destituir a sus miembros o modificar el estatus independiente de la agencia.
Trump ya ha removido a miembros de otras agencias gubernamentales, como la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, lo que ha dejado a dichas entidades sin el quórum necesario para operar eficazmente.
La privatización del Servicio Postal podría alterar radicalmente la entrega de correspondencia en EE.UU., especialmente en zonas rurales donde la ley actual exige servicio universal.
Muchas empresas privadas, como United Parcel Service (UPS), dependen del USPS para completar la “última milla” de sus entregas.
En diciembre, Trump comentó en una conferencia de prensa en su finca de Mar-a-Lago que privatizar el USPS “no es la peor idea que he escuchado” y que su administración estaba estudiando la posibilidad.
No obstante, cualquier intento de privatización requeriría la aprobación del Congreso debido a las leyes federales que regulan la agencia, incluyendo la obligación de entrega universal y la prohibición de huelgas para sus empleados.
El Sindicato Estadounidense de Trabajadores Postales, que representa a 630.000 empleados del USPS, emitió un comunicado condenando la posible disolución de la Junta de Gobernadores y cualquier intento de privatización.
“Sería un ataque escandaloso e ilegal contra un tesoro nacional histórico, consagrado en la Constitución”, afirmó el sindicato, señalando que el USPS desempeña un papel crucial en la vida cotidiana de millones de estadounidenses.
A pesar de los desafíos financieros que ha enfrentado en el pasado, el USPS reportó recientemente ingresos netos de 144 millones de dólares en el último trimestre de 2024.
No está claro cómo la posible privatización afectaría estas cifras ni si las leyes vigentes seguirían aplicándose en un USPS privatizado.