Washington. Los senadores estadounidenses Ben Cardin (D-MD), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Tim Kaine (D-VA), presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, emitieron hoy la siguiente declaración sobre la «toma antidemocrática del poder y violencia política en Honduras».
“Estamos profundamente preocupados por el intento del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de consolidar el poder en Honduras», expresaron los senadores.
Asimismo, mencionaron que el «nombramiento unilateral de un Fiscal General interino y un Fiscal General Adjunto socava la confianza en las instituciones democráticas de Honduras».
«Además, los actos de violencia por parte de ‘colectivos’ patrocinados por LIBRE contra miembros de la oposición en el Congreso son inaceptables», continuaron.
Cardin y Kaine aseveraron que «la violencia no resolverá esta crisis».
Negociar una solución
“Instamos a todas las partes a negociar una solución a esta crisis y elegir un Fiscal General independiente de acuerdo con la constitución hondureña», indicaron.
Los senadores creen que «con el aumento de la violencia y la impunidad en el país, Honduras necesita un Fiscal General fuerte y capaz».
Y colocan de ejemplo a «Guatemala y El Salvador cuando el poder se consolidó de manera inapropiada y la voluntad popular del pueblo se subvirtió».
«El presidente Joe Biden debería estar listo para tomar acciones diplomáticas o económicas apropiadas si Honduras no cambia de rumbo»
Agregaron los senadores de EE.UU que, «se debe respetar la voz del pueblo hondureño”.
Un fiscal general y adjunto con 86 votos
«El Congreso de Honduras debe elegir un nuevo Fiscal General con al menos 86 votos. Las negociaciones entre partidos para encontrar un candidato de consenso se han estancado».
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El 1 de noviembre, el partido gobernante LIBRE en Honduras utilizó una solución procesal para colocar a su candidato preferido en un rol interino.
Lo que consolida temporalmente el poder de LIBRE, afirmaron los senadores de EE.UU.
Acciones comparables legalmente sospechosas y antidemocráticas en países vecinos de Guatemala y El Salvador han resultado en acciones por parte de la Administración Biden, como sanciones selectivas y suspensión de la asistencia extranjera a los sectores de seguridad y justicia.