Más de 85 millones de lempiras fueron transferidos desde el presupuesto estatal a las Fuerzas Armadas de Honduras para brindar seguridad, apoyo logístico y transporte durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.
Sin embargo, en Tegucigalpa, la jornada estuvo marcada por el desorden y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de resguardar el proceso electoral.
Según el expediente No. 1611-2025 del Estado Mayor Conjunto, fue el general Roosevelt Hernández quien, el pasado 27 de febrero, solicitó formalmente a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, que ordenara el traspaso de recursos a la institución militar.
Apenas un día después, Moncada, junto con la gerente administrativa de la Secretaría de Defensa, Sabrina Florisel Bustamante, dirigieron la solicitud al Banco Central de Honduras.
La transferencia por un total de 85,489,305 lempiras fue ejecutada y distribuida entre varias ramas militares el 3 de marzo.
La Fuerza Aérea recibió la mayor parte con 32.2 millones para alimentación, más otros 11.5 millones para el mismo fin.
La Fuerza Naval fue asignada con 12.6 millones, el Estado Mayor Conjunto con 16 millones y el Comando de la Policía Militar del Orden Público con 12.9 millones. Todos los fondos provenían del presupuesto asignado al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Entre los gastos reportados figuran 945,560 lempiras en telefonía celular, 232,865 lempiras en alquiler de equipos de comunicación, y 40,000 lempiras en transporte.
Se suman también más de 58 millones en alimentación, 5.4 millones en gasolina, 13 millones en diésel, 1.3 millones en lubricantes y otros 5.4 millones en repuestos y accesorios. La Fuerza Aérea además reportó más de 336,000 lempiras en viáticos.
Pese al elevado presupuesto y al despliegue prometido, el operativo militar no logró garantizar un proceso electoral ordenado.
El día de las elecciones estuvo plagado de irregularidades: urnas extraviadas, actas entregadas con retraso y una débil presencia militar en los puntos críticos.
En lugar de reforzar la confianza ciudadana, el gasto público terminó por agravar la crisis de credibilidad institucional.
Ante esta situación, distintos sectores han exigido que el Ministerio Público amplíe el foco de su investigación más allá del CNE.
“Los encargados de custodiar y transportar el material electoral son los militares. Si fallaron, deben asumir la responsabilidad”, declaró el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, quien también advirtió que “los errores del 9 de marzo no deben repetirse el 30 de noviembre”.
La analista política Julieta Castellanos también se pronunció, enfatizando que una investigación seria debe incluir a las Fuerzas Armadas.
“No se puede ignorar quién dio la orden de frenar el transporte del material electoral ni por qué algunos buses iban con apenas dos militares”, señaló. Para Castellanos, enfocarse únicamente en el CNE es “desconocer el núcleo real del problema”.
Fuerzas Armadas de Honduras garantizan transparencia y seguridad en las Elecciones Primarias 2025