Tegucigalpa. El Centro Cívico Gubernamental (CCG) permanece tomado por tiempo indefinido por colectivos del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), a su vez, empleados del Instituto de la Propiedad (IP).
Los dirigentes de la toma exigen al gobierno respuestas positivas a sus peticiones, asimismo, respetar la corriente del movimiento de Jorge Cálix.
De acuerdo a los protestantes, denunciaron supuestos hostigamientos y persecuciones políticas en el IP, Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Secretaría de Gestión de Riesgos (Copeco).
El acoso y despidos, según las diversas denuncias, se deben a que los empleados de las instituciones son afines al precandidato presidencial Jorge Cálix.
Quien mantiene una férrea disputa con la cúpula de la institución política. A eso se suma la intervención del IP por orden directa de la presidenta Xiomara Castro.
En ese sentido, el edificio gubernamental permanece cerrado por los manifestantes desde el viernes 31 de mayo.
Por su parte, la Policía Nacional, de manera rigurosa y clara, anunció que desalojarán a los militantes de Libre que mantienen tomado el CCG.
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Asimismo, advirtieron que si los protestantes no ceden se procederá a ejecutar el manual del uso de la fuerza y protocolo de despeje de instalaciones.
Debido a la toma, la Policía Nacional informó que tras la protestas se conformó una comisión para analizar las situaciones legales de las personas que realizan el paro.
Esta Comisión estará conformada por la Fiscalía y la Policía Nacional para realizar el desalojo pacífico de las instalaciones.
Además de analizar los daños que los colectivos de Libre le hicieron a este edificio del Estado.