El reciente caso de una niña de dos años, hija de una hondureña, deportada desde Estados Unidos, ha reavivado la polémica sobre las prácticas migratorias bajo la administración Trump.
Tom Homan, conocido como el «zar fronterizo» durante ese mandato, defendió públicamente el procedimiento, asegurando que el traslado de la menor fue una «decisión parental» y no una deportación forzada.
Según Homan, la madre firmó un documento aceptando irse junto a su hija, desligando así al gobierno de cualquier acusación de separación forzada.
«La niña de dos años se fue con la madre. Fue una decisión de los padres, no del gobierno», afirmó tajantemente.
No obstante, documentos judiciales exponen una realidad diferente. Abogados del Departamento de Justicia señalaron que no fue posible concretar una llamada entre el juez y la madre para confirmar su consentimiento, dejando en duda la legalidad del procedimiento.
Mientras tanto, el padre de la menor, aún en Estados Unidos, rogaba ante la corte que se le concediera la custodia de su hija, en un intento desesperado por evitar la separación definitiva.
Este caso se complica aún más al saberse que en el mismo vuelo hacia Honduras viajaban otros dos niños ciudadanos estadounidenses, incluyendo a un pequeño de cuatro años diagnosticado con cáncer en etapa 4.
Cuando se le preguntó sobre esta situación, Homan alegó desconocimiento y reiteró que “tener un hijo ciudadano no exime a los padres de cumplir nuestras leyes”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado duramente esta postura, subrayando la deshumanización de las decisiones y el impacto irreversible que estas acciones tienen en la vida de menores inocentes.
Lejos de ser un hecho aislado, este caso se enmarca en un patrón preocupante. Apenas el mes pasado, más de 230 hombres, en su mayoría venezolanos, fueron deportados erróneamente al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cectot) en El Salvador, un penal de máxima seguridad, a pesar de que existía una orden judicial que prohibía su traslado.
Entre ellos se encontraba Kilmar Ábrego García, un residente legal de Maryland, deportado a pesar de no contar con antecedentes penales.
El escándalo no tardó en escalar hasta la Corte Suprema, que recientemente bloqueó temporalmente nuevas deportaciones desde centros de detención en Texas.
«¿Cómo podemos confiar en este gobierno si vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y no solo en este caso?», cuestionó Michelle Méndez, directora del National Immigration Project, quien denunció la falta de transparencia y garantías legales en las deportaciones.
El abogado Gustavo Mora, por su parte, criticó duramente las irregularidades en el caso de la menor hondureña:
«Desafortunadamente están incluyendo a una niña que es ciudadana estadounidense. Esta administración no va a proteger a quienes están deportando», lamentó.
Detrás de cada proceso migratorio fallido, no solo hay números: hay vidas fragmentadas, hogares rotos y corazones que laten a la distancia.
Hoy, una niña de dos años vive en un país que no conoce, mientras su padre lucha desde Estados Unidos por reunirse con ella.
Una distancia geográfica y emocional que difícilmente podrá sanarse con discursos oficiales.
Juez federal revela que niña ciudadana estadounidense fue deportada junto a su madre a Honduras