Tegucigalpa. La Misión Internacional de Observación (MIO) pidió este jueves al Gobierno de Honduras que el proceso de elección de la nueva CSJ sea transparente.
En un informe virtual, la MIO demandó: «evaluar con rigor y darle el peso adecuado a las denuncias, investigaciones o procesos judiciales sobre corrupción presentadas contra las y los postulantes» que aspiran a ser magistrados.
Denuncian que Gobierno quiere el control del Supremo
La MIO apuntó que su rol «debe ser transparente frente al proceso y así evitar cualquier injerencia indebida sobre la Corte Suprema de Justicia».
Algunos sectores, incluso de la oposición política, han venido denunciado el presunto interés del Ejecutivo de controlar el Supremo.
Para esto se estarían apoyando en los diputados del Parlamento al momento de elegir a los quince magistrados, en enero de 2023.
Lea también: Se retrasa la firma del acuerdo para la CICIH
Gobierno niega intentar controlar la CSJ
El Gobierno ha rechazado que intente controlar el Supremo, aunque eso ha sido una vieja práctica en Honduras que se ha repetido en los Gobiernos desde 1982.
La MIO-Honduras también expresó que la independencia judicial es fundamental para la instalación de una CICIH.
«Solo una Corte Suprema de Justicia sometida a la Constitución puede garantizar una lucha contra la corrupción y confianza al concierto internacional».
También considera que se deberá realizar una solicitud especial de información a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco).
La MIO reconoció los avances, principalmente normativos y de participación de la sociedad civil, por su compromiso de vigilancia y colaboración.
Asimismo, el «comprometido trabajo» de todas las personas que integran la Junta Nominadora.
En lo que respecta a la injerencia política sobre el proceso de selección, «la Misión subraya que puede constituir un grave atentado a la construcción del Estado de derecho en Honduras».
Sobre las y los actuales diputados presuntamente involucrados en actos ilegales que serían conocidos por la futura Corte, el informe destaca que «la autoexclusión de diputados y diputadas del proceso decisorio es lo que procede en caso de conflictos de interés respecto de las y los candidatos».
«Esta observación ha sido reiteradamente expresada por diferentes liderazgos de la sociedad civil, porque de lo contrario los congresistas eventualmente estarían eligiendo a sus propios jueces para la futura revisión de un caso que actualmente se investiga en su contra», subrayó la MIO.