San Pedro Sula. El Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula otorgó un sobreseimiento definitivo al exalcalde Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, argumentando la prescripción de la acción penal debido al transcurso del tiempo estipulado en el Código Penal.
Según la resolución judicial, esta medida busca también “erradicar la mora judicial” que afecta al sistema.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Poder Judicial, el exalcalde había sido sometido a proceso desde septiembre de 2017, tras incumplir una medida de arresto domiciliario.
Cinco días después de ese incumplimiento, se emitió una orden de captura en su contra por el delito de evasión en perjuicio de la administración pública.
Sin embargo, desde entonces, no se había realizado la audiencia de declaración de imputado.
Prescripción del caso por inactividad
La defensa legal de Padilla Sunseri había solicitado una audiencia especial para pedir el sobreseimiento definitivo, alegando la falta de avances en el proceso judicial.
Tras revisar el expediente, la jueza encargada determinó que habían transcurrido más de siete años, un mes y 15 días desde la emisión de la orden de captura.
Lo que permitió aplicar la prescripción penal conforme a la retroactividad del Código Penal vigente.
La jueza basó su decisión en el hecho de que el delito imputado contempla una pena de 2 a 4 años de prisión, según el actual marco legal.
Lo cual, sumado al tiempo transcurrido, llevó a decretar la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, el sobreseimiento definitivo a favor del exedil.
El impacto de la prescripción en el sistema Judicial
La decisión de otorgar el sobreseimiento definitivo subraya los retos que enfrenta el sistema judicial hondureño en cuanto a la celeridad de los procesos.
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Según analistas legales, este caso pone de manifiesto la importancia de revisar los tiempos de tramitación de causas para evitar que prescriban.
Lo que conlleva la liberación de procesados antes de que se les pueda dictar una sentencia.
El Poder Judicial ha manifestado su intención de agilizar los procedimientos pendientes para reducir la mora judicial.
Especialmente en casos donde las órdenes de captura y medidas cautelares no se han ejecutado de manera efectiva.
