La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una controvertida ley que otorga a Daniel Ortega amplios poderes de supervisión y acceso a la información bancaria de todos los ciudadanos y empresas del país.
La nueva norma, denominada «Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero«, ha generado preocupación entre analistas y sectores de la oposición, quienes advierten sobre un mayor control estatal sobre el sector financiero.
La ley, que unifica las regulaciones del Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos, establece un Consejo Directivo Monetario y Financiero que centralizará la toma de decisiones en materia monetaria y financiera.
Además, otorga a las autoridades competentes la facultad de solicitar a cualquier persona o entidad información económica, financiera y estadística, sin importar su nacionalidad o residencia en el país.
Si bien el texto de la ley establece que se protegerá la confidencialidad de la información, críticos argumentan que las nuevas disposiciones debilitan el secreto bancario y podrían ser utilizadas para ejercer presión sobre opositores políticos, empresarios y cualquier ciudadano que entre en conflicto con el Gobierno.
La aprobación exprés de la ley, sin un debate amplio y transparente, ha sido calificada como un atropello al Estado de Derecho y una muestra de la concentración de poder en manos del presidente Daniel Ortega.
Organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos han expresado su rechazo a esta nueva norma, advirtiendo sobre las posibles consecuencias negativas para la economía y la democracia nicaragüense.
La nueva ley representa un nuevo capítulo en la creciente concentración de poder en manos del Gobierno de Nicaragua y plantea interrogantes sobre el futuro del sector financiero y la economía del país.
Expertos advierten que esta medida podría generar desconfianza entre los inversionistas y afectar negativamente el clima de negocios.