Naciones Unidas. – El secretariado de la ONU recordó ayer viernes que el eventual establecimiento de un mecanismo anticorrupción en Honduras requiere primero incluir «por escrito, un mínimo de garantías legales para el establecimiento y operatividad» de esa entidad, dando a entender que esas garantías aún no existen.
El pasado 14 de junio, el Gobierno hondureño anunció que las conversaciones para establecer ese mecanismo, recogidas en un «memorando de entendimiento» (MOU, por su sigla en inglés), se prorrogaban durante seis meses, hasta el 15 de diciembre, sin mayor detalle.
Entonces, el canciller Eduardo Enrique Reina expresó que su gobierno quería formar ese mecanismo «lo más pronto (posible)», pero precisó que «esto obedece no solo a la voluntad» que tengan como Gobierno, «sino a otro ente, que es Naciones Unidas».
Pero, el pasado martes, el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales reconoció tácitamente y por primera vez que la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) ya es un imposible.
“Aún faltan cinco puntos de los 14 solicitados por la ONU, para su instalación” y todos esos requisitos “requieren reformas constitucionales, lo que implica la necesidad de contar con 86 votos en el Congreso Nacional”, apoyo que el partido de Gobierno no tiene, según han comentado varios opositores.
En una clara defensa a la promesa de campaña que hizo su partido, el asesor presidencial argumentó: “por ejemplo, la venida de la CICIH, ¿Quién la detiene?, primero, las condiciones que la ONU pone, cuando vino la OEA no le puso condiciones a Juan Orlando, vino y se instaló (la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH), se asoció con la Fiscalía y la Corte”.
El mecanismo anticorrupción es una promesa de la presidente de Honduras, Xiomara Castro, cuando asumió el poder en enero de 2022, pero su formación se está postergando una y otra vez.
SÉPALO
Tras la firma del MOU en 2022, la ONU ha desplegado en cuatro ocasiones un grupo de expertos en Honduras para ayudar al Gobierno a identificar y llevar a cabo las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias para un eventual establecimiento del mecanismo contra la corrupción.