San José. El régimen de Nicaragua despojó de su nacionalidad a 135 presos políticos que fueron liberados y expulsados hacia Guatemala el pasado 5 de septiembre, según una sentencia emitida este martes por el Tribunal de Apelaciones de Managua.
Además, las autoridades ordenaron la confiscación de todos sus bienes.
La Corte Suprema de Justicia, controlada por el gobierno sandinista, informó que los afectados enfrentan condenas por delitos que, según el fallo, atentaron contra la «soberanía, independencia y autodeterminación» de Nicaragua.
Asimismo, la sentencia acusa a los expulsados de incitar al «terrorismo, violencia, odio y desestabilización económica».
Lo que afecta la paz y el orden constitucional del país, de acuerdo a lo establecido por el fallo.
El Tribunal justificó la decisión en base a la Constitución, el Código Penal, la Ley de defensa de la soberanía y una ley especial sobre la pérdida de la nacionalidad.
Además, dispuso la incautación de bienes como reparación por los supuestos «daños materiales e inmateriales» causados por sus acciones.
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Declarados apátridas
Entre los declarados apátridas figuran el periodista Víctor Ticay, el filósofo Freddy Quezada, la opositora Olesia Auxiliadora Muñoz y el líder estudiantil Jasson Salazar.
Junto a miembros de la organización religiosa Ministerio Puerta de la Montaña, por quienes EE.UU. había intercedido.
La crisis en Nicaragua, que comenzó en 2018, se intensificó tras las elecciones de noviembre de 2021, donde se reeligió para un quinto mandato al presidente Daniel Ortega.
Esto en medio de acusaciones de fraude y represión contra la oposición.