Nicaragua. La Procuraduría General de la República de Nicaragua defendió las expropiaciones de propiedades a ONG, medios de comunicación, empresarios y a particulares, bajo el argumento de que han sido decomisadas por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero.
Así como también, el incumplimiento de las leyes, que se calcula en al menos 250 millones de dólares y que los afectados tildan de robo y confiscación.
En una declaración, la Procuraduría, sostuvo que esos bienes han sido recuperados «legalmente para el pueblo nicaragüense» y que no se trata de confiscaciones.
«El Estado reitera su estricto cumplimiento al respeto de la propiedad privada, en conformidad con lo establecido en el artículo 44», de la Constitución nicaragüense.
La Procuraduría divulgó esa declaración tras la investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA).
Quien, divulgó que al menos 250 millones de dólares en expropiaciones efectuadas por el Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Alerta sobre nueva «piñata» en Nicaragua
La investigación señala que las «ilegales confiscaciones de bienes» constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses.
Así como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como «piñata».
La denominada «piñata» es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza y a sus allegados.
Así como a opositores, durante la década de los ochenta del siglo pasado, entre febrero y abril de 1990 durante el período de transición presidencial.
Según la investigación de OPTA, en este nuevo período de Gobierno sandinista, denominaron «La nueva piñata Ortega Murillo».
Donde, se han confiscado bienes y propiedades a ONG, empresarios y cámaras empresariales, universidades, iglesia católica y medios de comunicación.
Además a, embajadas y oficinas diplomáticas, y ciudadanos nicaragüenses desnacionalizados.
2.000 millones de dólares
La primera «piñata» costó a los nicaragüenses 2.000 millones de dólares por medio de Bonos de Pagos por Indemnización (BPI).
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Los cuales estuvieron incorporados al Presupuesto General de la República desde 1998.
El observatorio explicó que el motivo de su estudio es «alertar sobre la deuda pública que se está generando».
Esto «como resultado de la apropiación ilegal de dichos activos por parte del Gobierno nicaragüense».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021.
En las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.