Pero el fenómeno Bukele trasciende las fronteras salvadoreñas y ha surgido lo que se ha dado en llamar el efecto Bukele que, en mi concepto, se manifiesta en que la presidente de Honduras, doña Xiomara Castro, Daniel Noboa, presidente del Ecuador, aunque sin resultado alguno, han imitado los estados de excepción vigentes en forma permanente en el país centroamericano. El efecto Bukele, se reproduce en otros países como Guatemala, en el cual hay candidatos que prometen que, de llegar al poder, impondrían los estados de excepción bukelianos.
Hasta aquí, en su parte histórica todo lo expuesto está bien, pero, lo que nadie en el mundo ha observado hasta el momento, es que, en la actualidad ese contrato social de los hombres libres que viven en sociedad, expuesto por Juan Jacobo Rousseau, de hecho, está siendo reformado en el sentido de que el hombre está entregando más de su libertad en aras de su supervivencia ante la delincuencia.
Se inicia esta reforma en la República de El Salvador, en la cual el presidente Nayib Bukele ha impuesto un estado de excepción en forma permanente, por lo que se suspenden las garantías fundamentales establecidas en la Constitución de la República, tales como los derechos de libertad personal, libertad de asociación, reunión y circulación, entre otros derechos, además de otorgar facultades a la Policía para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.
Y aun con todo ello, teniendo el control absoluto de todos los poderes del Estado, el pueblo salvadoreño, en las urnas, le ha dado la autorización para que continúe con esa conducta anticonstitucional que lacera los derechos humanos ya enunciados pero que ha hecho feliz a todo el pueblo, sin importarle que haya minorías a las cuales se les viola sus derechos, porque seguro estoy que, en las detenciones masivas de supuestos pandilleros, siempre hay personas inocentes.
Seguro estoy que, cuando un juez condena grupos de personas en cantidades de 500 acusados por miles de delitos, sin individualizar sus crímenes y sus juicios, sin el debido proceso, en el cual, no se le presenten las pruebas individualizadas a cada encausado, evidentemente, hay violación de derechos humanos a determinadas personas.
Esa conformidad de los salvadoreños lo ha fortalecido aún más cuando ahora de 60 diputados que tiene el Congreso, ahora tiene la cantidad de 56, lo que lo convierte en una dictadura legalizada en elecciones libres.
Vea y no pase lo que estoy pensando, que, en algún momento, con la aceptación del pueblo salvadoreño, Nayib Bukele, usando la tecnología contra el crimen, imponga el uso de un chip con GPS que deberá portar cada salvadoreño como una medida de seguridad para que el Estado sepa dónde está cada ciudadano y con ello se pueda identificar quién mato a quién.
Así, como van las cosas, podría concretarse –según mi pensar- y extenderse a todo el mundo, bajo la concepción de que el contrato social, pactado ente los hombres libres se ha reformado, empezando por la República de El Salvador y que dicha acción tenga como resultado que se elimine totalmente la delincuencia. Tal vez empezaría la portación de los ‘chips’, por los que han sido condenados por delitos, y, que, aunque, ya hayan pagado su castigo, como pena accesoria, estando en libertad, sean condenados a portar el chip antes indicado hasta su fallecimiento.
Y en la medida en que se elimine la delincuencia, como en el Salvador, puede ser que, más a futuro y se amplíe la obligación de que al ser humano, desde el momento de su nacimiento, se le implante un chip para poder identificar quién cometió un delito. Tal vez lo que aquí expuse suene a locura, pero, como dijo Chelato Uclés: “Nunca se sabe”. Podría ser que, en el futuro, en aras de su seguridad, la humanidad entera acepte la pérdida de su derecho a la privacidad a cambio del derecho a la vida.
San Pedro Sula, Cortés, 10 de junio del año 2024.
Lic. Esequías Doblado Hernández
