Si aceptamos como cierta la concepción de Juan Jacobo Rousseau de que los hombres libres han pactado un contrato social (al menos en teoría), en el cual, de común acuerdo, han creado el Estado como hoy lo conocemos y le entregan parte de su libertad a ese ente superior, independiente y con autoridad para crear leyes y aplicarlas a quienes violen el respeto mutuo que debe prevalecer entre los humanos que viven en sociedad. El Estado, entonces, actúa como la representación de la sociedad políticamente organizada, para garantizar el bien común y resguardar las libertades inherentes al hombre y no entregadas al Estado.
Está visto que, hasta la evolución actual de la humanidad, a nivel mundial, existen altos niveles de criminalidad que la legislación vigente y el Estado con su fuerza pública coercitiva no es capaz de frenar. En efecto, no hay autoridad que resguarde la seguridad de las personas, a la que aspiramos todos. El crimen ha superado, cuantitativa y cualitativamente, la capacidad para la comisión del delito y el Estado ha perdido la capacidad para reprimirla, de tal manera que, de hecho, somos gobernados por el crimen organizado.
Ejemplo de lo antes dicho es lo que pasa en México, en donde, los cárteles de la droga tienen soberanía en los grandes territorios que controlan y determinan quién vive y quién no, sean o no sus víctimas parte de la actividad criminal y el Estado no puede hacer nada. Ante ello, surgió la figura del Dr. Miguel Míreles, Hipólito Mora, Alberto Gutiérrez y el padre Gregorio López, quienes, cansados de ser esclavos de los antisociales, como la organización criminal denominada Los Templarios, en el año 2013 organizaron las Fuerzas de Autodefensas para defenderse del crimen, con lo cual logró armar al pueblo de varios municipios del estado de Michoacán, y se impuso la seguridad, pero, siendo ilegal su iniciativa concretada, terminó preso por sedición. Igual caso se dio en Colombia, actualmente pasa en Haití y Ecuador, para mencionar algunos países.
Aunque en menor medida, el problema existe en todos los países latinoamericanos, es normal que en Honduras y otros países, las maras gobiernen los barrios y determinen quién puede o no entrar a sus territorios, en los cuales han suplantado la autoridad del Estado, de tal suerte, que si una persona desconocida, por equivocación, entra a dichos lugares, lo matan. Y dentro de esos territorios pasa que, si la mara decide que alguien debe morir, ante la vista, paciencia y silencio de los moradores, lo capturan y lo matan; o lo llevan a determinados lugares, donde tienen sus cementerios clandestinos. Y todo eso pasa sin que nada pase.
Todo lo antes dicho también ocurría en el pasado (y fíjese que utilizo el verbo en tiempo pasado) en El Salvador, hasta que llegó a la Presidencia Nayib Bukele quien, a su modo, puso orden y eliminó la delincuencia en más del 90 %, a lo que mundialmente se le ha dado en llamar “el fenómeno Bukele”. Y esta acción política de Gobierno le ha sido reconocida como muy buena por el pueblo salvadoreño, a tal punto que, con los últimos resultados electorales, dicho país tiene un rey que ejerce la soberanía popular con el consentimiento expreso y la querencia exacerbada del ciudadano que en su totalidad se siente seguro.
