Tegucigalpa. El Ministerio Público de Honduras presentó requerimiento fiscal para nueve integrantes de la pandilla 18 presuntas responsables del crimen de 46 mujeres que guardaban prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
De acuerdo a información del MP, las pandilleras acusadas fueron identificadas como Claudia María Lemus Aceituno.
Asimismo, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón.
Además, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila, todas ellas guardan prisión actualmente.
La acusación por parte de las autoridades judiciales es por asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada.
Igualmente, por incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitida.
Antecedente
De acuerdo a las investigaciones policiales, el hecho criminal ocurrió a eso de las 7:45 de la mañana, en un hecho planificado las acusadas que permanecían en los módulos 6 y 7.
El MP detalló que, las mujeres utilizaron armas de fuego de diferentes calibres, entre prohibidas y permitidas.
También objetos punzocortante y contundentes, para someter a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los tableros con listados de la población penitenciaria.
Posteriormente, las obligaron a ponerse boca abajo y luego las encerraron dentro del módulo 6 para proceder a ingresar a los otros espacios donde estaba el resto de la población penitenciaria.
Mientras esto acontecía, otro grupo de las privadas de libertad de la pandilla 18 se dirigieron a los módulos 1 al 4, en donde se encontraban las mujeres que pertenecen a la mara Salvatrucha (MS-13), golpeando con una almágana los candados de los módulos hasta lograr entrar.
Deshabilitaron cámaras de seguridad
Las acusadas y sus acompañantes deshabilitaron las cámaras de seguridad del recinto penal y de manera sorpresiva procedieron a darle muerte a 23 privadas de libertad.
De la misma manera, otras 23 reclusas al escuchar las detonaciones de armas, en un intento por salvar sus vidas cerraron el hogar número 1 del módulo 1, para evitar que sus agresoras ingresaran.
Sin embargo, al ver que no podían entrar, rociaron un líquido inflamable y les prendieron fuego, aseguró el Ministerio Público.
Las víctimas no pudieron salir del sitio, ya que desde afuera las acusadas les disparaban, lo que provocó que perdieran la vida, algunas calcinadas y otras asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono.
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Para cometer los ilícitos, las nueve acusadas obtuvieron desde el exterior del centro penal, armas de fuego, como: 11 pistolas de distintos calibres.
Además, se detectaron armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional.
Las investigaciones en este caso continúan su curso a fin de individualizar a otras presuntas participantes de estos crímenes.