La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), en un trabajo conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), obtuvo una sentencia declaratoria del comiso definitivo de dos inmuebles, 14 vehículos, tres sociedades mercantiles y 29 cuentas bancarias del comisario en condición de retiro Constantino Josué Zavala Laínez y su grupo familiar.
El presente fallo ratificado por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción recayó sobre bienes que se encuentran localizados en Tegucigalpa, Comayagüela y Nueva Aldea del Distrito Central, Francisco Morazán.
La investigación de la UF-ADPOL comprendió el periodo 2008- 2018, década en la que se encontró una incongruencia patrimonial de Zavala Laínez y su núcleo familiar por arriba de los 74 millones de lempiras (L. 74,472, 620,00).
De las irregularidades encontradas, una vez realizados los análisis financieros, se estipula que el comisario en retiro no justifica cantidades arriba de los 16.8 millones de lempiras (L.16,820,518.53), además realizó movimientos financieros atípicos donde se observó un incremento patrimonial significativo, manteniendo durante todo ese tiempo un saldo a su favor por arriba de los 11 millones de lempiras (11.177.681.64).
Asimismo, se desconoce el origen de más de 4,500,608.15 millones de lempiras en depósitos en efectivo que éste hizo a las empresas Grupo de Seguridad y Servicios Electrónicos S. de R.L, Eagle Visión S.A de C.V y AlphaDesing Studio S. de R.L.
Fiscales del Circuito Anticorrupción, agentes y peritos al realizar el análisis de los familiares y socios, entre ellos: Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala Laínez, Héctor Alejandro Mejía Aplicano y Mario Alberto Sánchez Torres y a las empresas antes mencionadas, identificaron que reflejan un patrimonio no justificado que sobrepasa los 57 millones de lempiras (L. 57,107,667.16).
Cabe destacar que el 11 de abril de 2022 se efectuaron cuatro allanamientos de morada y se impusieron medidas cautelares de aseguramiento e incautación sobre un total de 83 bienes consideradas de origen ilícito, número que incluía los activos de otro exfuncionario policial, el comisionado en condición de retiro Adrián René Flores Marcelino, que entre si no justifican más de 84.5 millones de lempiras.
El Ministerio Público reafirma su compromiso con el pueblo hondureño de investigar a los policías y su patrimonio en casos donde se sospechen irregularidades.
Este esfuerzo busca asegurar que los funcionarios públicos actúen con integridad y transparencia, y que cualquier abuso de poder o corrupción sea detectado y sancionado.
