Tegucigalpa. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó un requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios del Fondo Vial y representantes legales de empresas privadas, acusándolos de defraudar al Estado de Honduras por más de 34 millones de lempiras.
Entre los imputados figuran Hugo Alfredo Ardón Soriano, Hugo Edgardo Álvarez Martínez, José Efraín Peñalba Lizardo y Walter Noé Maldonado Maldonado.
Asimismo, Luis Armando Ortiz, Danilo Cervantes Suazo y Juan Carlos Aguilar Mazzoni, todos exfuncionarios de la mencionada institución.
Además, el requerimiento señala a Devis Leonel Rivera Maradiaga, alias «Cachiro» (condenado en Estados Unidos), así como a Edgardo Pérez Martínez, Luis Manuel Turcios Galeas, Efraín de Jesús Maradiaga Turcios y José Manuel Aguilar Matute, quienes representaban empresas favorecidas en contratos irregulares.
Según las investigaciones, los funcionarios y particulares autorizaron, adjudicaron y firmaron contratos fraudulentos con las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR), propiedad de la estructura criminal de «Los Cachiros», y Empresa Técnica de Ingeniería S.A. de C.V. (TECNISA), para el mantenimiento de la red vial no pavimentada en zonas de Colón.
Entre las irregularidades documentadas destacan la falsificación de firmas en procesos de licitación, sobrevaloración de precios y pagos ilegales.
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Así como la utilización de materiales de baja calidad y graves omisiones en la supervisión de las obras, sin que se aplicaran medidas correctivas.
Además, a través de peritajes de extracción de información, se evidenció que Edgardo Pérez Martínez, representante de INRIMAR, gestionó pagos irregulares y otorgó bonos a favor de funcionarios públicos para agilizar procesos y adjudicaciones.
Entre los beneficiados figura una actual diputada suplente del Congreso Nacional.