Ciudad de México. Una nueva reforma impulsada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca imponer multas millonarias a las televisoras, radiodifusoras y plataformas digitales que transmitan propaganda política o ideológica extranjera.
Según la iniciativa, las sanciones económicas irían desde el 2% hasta el 5% de los ingresos totales del medio infractor, una cifra que podría alcanzar montos estratosféricos en el caso de grandes concesionarios como Televisa y TV Azteca.
La propuesta, que será debatida en el Senado la próxima semana antes de pasar a la Cámara de Diputados, modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y restituye a la Secretaría de Gobernación las facultades para vigilar y sancionar este tipo de contenido.
Quedará prohibida toda propaganda extranjera en medios nacionales, salvo aquella con fines culturales o turísticos.
El artículo 210 de la ley establece que ni televisoras, ni radios, ni plataformas como YouTube o TikTok podrán difundir mensajes con fines políticos, comerciales o ideológicos provenientes de gobiernos foráneos.
Campaña antiinmigrante
La norma responde, en parte, a la polémica campaña antiinmigrante lanzada por autoridades estadounidenses, la cual se ha detectado en emisiones de alto alcance en Televisa y radios locales.
Uno de los anuncios muestra a la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, advirtiendo que los migrantes serán “cazados” y deportados si ingresan ilegalmente.
El spot se ha transmitido con subtítulos en español y doblaje, encendiendo alarmas entre autoridades mexicanas que lo consideran una intromisión directa.
Valor de las multas
Las cifras revelan el peso de estas posibles multas: solo en 2024, Televisa reportó ingresos por más de 62,000 millones de pesos.
Lo que significa que, de aplicarse la sanción máxima, podría enfrentar multas superiores a los 3,000 millones de pesos.
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El control del espectro radioeléctrico, por su parte, quedará en manos de la nueva Agencia de Transformación Digital (ATD), encabezada por Pepe Merino, uno de los funcionarios más cercanos a Sheinbaum.
Esta agencia asumirá funciones que antes tenía el ya desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Aunque el Ejecutivo retoma el control sobre concesiones y uso del espectro, el proyecto asegura que se respetará la libertad de expresión y editorial de los medios.
Asimismo, se establece que las audiencias se protegeran por un nuevo marco que involucra a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La reforma ha generado rechazo en el sector de radiodifusión, cuyos empresarios aseguran que no se les consultó y que las multas son excesivas.