Más de un millón de hondureños que viven en el extranjero envían remesas que equivalen a más del 25 % de nuestro Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el resto de los ciudadanos (aproximadamente 9 millones) luchan por generar un crecimiento económico significativo. ¿Por qué una nación como Honduras, con una población relativamente pequeña y con amplio acceso a mercados internacionales, sigue estancada en términos comparativos con naciones de tamaño y oportunidades similares? Consideramos que existen dos factores que contribuyen a esta realidad: el débil Estado de Derecho y la ausencia de una cultura de legalidad generalizada.
El primero resulta evidente cuando analizamos el altísimo índice que impunidad que existe en Honduras para cualquier tipo de delito, generalmente superior al 90 %. Esto significa que la posibilidad de que una persona no pague por sus delitos está casi garantizada y con ello irremediablemente se genera un ciclo vicioso de ilegalidad y debilitamiento institucional. Informes como el de World Justice Project colocan a Honduras consistentemente en los últimos lugares a nivel mundial en la aplicación del Estado de deja. Éstos también señalan que, entre los factores que más inciden en la calificación del país, se encuentran la disfuncionalidad del sistema judicial para procesar delitos y la omnipresencia de la corrupción.
En una democracia liberal, caracterizada por proteger las libertades la única igualdad que debiese prevalecer es la que otorgan las leyes. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, debemos cumplirla sin privilegios y al violentarla debemos enfrentar las mismas consecuencias. Esto se logra a través de un sistema judicial eficiente. En el otro extremo, muy común en Latinoamérica, la demagogia y el populismo promueven la igualdad entre las personas como un ideal noble, pero generan una “nivelación” hacia abajo, donde las mayorías terminan igualmente pobres y sumidas en la ignorancia.
En países como los Estados Unidos, el sistema de justicia es ciudadanizado. Personas comunes son seleccionadas de forma aleatoria para integrar un jurado que finalmente es el que establece la responsabilidad de un imputado. Estos mismos ciudadanos, bajo la guía de un juez, valoran las pruebas aportadas al proceso y emiten un veredicto. Así se ha condenado a poderosos, demostrando que nadie está por encima de la ley. Dos casos recientes lo ratifican: Juan Orlando Hernández y Donald Trump (el primero es un ejemplo contundente de nuestro frágil Estado de Derecho).
La cultura de legalidad es la conciencia ciudadana de ese principio de igualdad ante la ley. Podríamos decir que se trata de un asunto de conciencia cívica y de cumplimiento de nuestros deberes como forma de evitar sanciones. Un ejemplo curioso de esa cultura lo vemos en el comportamiento de nuestros compatriotas en el extranjero donde respetan las leyes de tránsito y las reglas más básicas de urbanidad, mientras que aquí hacen todo lo posible por evadir esas mismas responsabilidades. Ese cambio drástico de comportamiento refleja, más que diferencias culturales, la influencia del entorno legal y social.
¿Qué tiene que ver la legalidad con la prosperidad? Muy sencillo: cuando las normas de coexistencia en sociedad son claras para todos sus miembros y se actúa sin favoritismos, los individuos viven con certidumbre. La seguridad de que las reglas bajo las que se hace un negocio o inversión no cambiarán por el capricho de un nuevo gobernante es fundamental para el desarrollo económico. Un Estado de Derecho sólido, generalmente se distingue por varias características: a) Las leyes se emiten de manera abierta y transparente. b) Las leyes son ampliamente difundidas, son claras y se aplica con equidad a todos los ciudadanos. c) La ley regula las acciones del gobierno y los privados, así como las relaciones entre ambos. Y, d) Las cortes aplican la ley sin influencias políticas o cualquier otra naturaleza. Cuando ninguna de esas características se cumple, podríamos estar ante un estado fallido.
Ni Estados Unidos, Canadá o España, principales destinos de nuevos inmigrantes, son países perfectos, pero generan entornos que permiten a los hondureños alcanzar el éxito, materializado para beneficio de todos en las remesas. El desorden y la ilegalidad en Honduras no tienen un origen genético o cultural; sencillamente reaccionamos al entorno existente. Si en Honduras se fomentara la cultura de legalidad, se aplicaran las leyes eficazmente, se combatiera la impunidad frontalmente, y se impusieran normas que den confianza a ciudadanos e inversionistas, la economía despegaría a una velocidad sorprendente. La cultura de legalidad generaría una explosión de prosperidad.
Por: Rodolfo Dumas Castillo
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