Lima. El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo.
El mandatario es responsable por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
«Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo, quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024», leyó Checkley.
De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que «existe periodo procesal de fuga».
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Incluyeron al ex primer ministro y al asesor jurídico
En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres.
Asimismo, se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar la investigación preparatoria a Castillo.
Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una «medida de comparecencia con restricciones».
Castillo es presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad.
La investigación es calificada de «compleja» por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.
Ni Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses.
Al inicio de la audiencia se informó que Castillo se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.
El juez Checkley informó que la defensa del exgobernante será asumida por el abogado de oficio Italo Díaz.
Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla, iban a participar en la audiencia de prisión preventiva.
«Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro nos impulsaron a tomar esa decisión», indicó.
Agregó que el Congreso también ha realizado un «levantamiento del antejuicio», al que tiene derecho el exgobernante, «ilegal y exprés» y que la audiencia también se ha programado «para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones».