Cuando uno creía haber oído, leído o visto todo y, con ello, perdido la capacidad de sorprenderse ante la evidencia de la maldad humana, surgen casos de saña o sevicia (crueldad extrema) en los que, en la mayoría de los casos, más allá de problemas psiquiátricos o psicológicos, tiene que ver la alta criminalidad y la desbordada violencia, consecuencias del negocio de las drogas y, evidentemente, su consumo.
Muestra de tal aseveración, por supuesto, más opinión que certeza, y en consecuencia subjetiva, es el reciente caso de un aldeano de Colinas, Santa Bárbara, que, obnubilado por las drogas, cosa común ahora hasta en el caserío más remoto, con un hachazo acabó con la vida de su abuela.
Así ha habido otros hechos de gente que, bajo la influencia del crack, mariguana o cocaína, tóxico cóctel al que le añaden alcohol, incluso han violado a sus madres o a hijos e hijas, a tiros o machetazos se han matado padres y su prole por un guaro, una herencia o simplemente porque no consiguieron para mantener el vicio o la adicción.
Además, esos adictos, en las maras y pandillas, por vender drogas y proteger el narcotráfico, han participado en masacres, y en el caso del crimen organizado y los cárteles de las drogas, se han coludido con coroneles o generales, comisarios o comisionados, y mayoritariamente se han aliado con los políticos, con alcaldes, diputados, ministros y presidentes.
Por eso y muchas causas, todas profundas y estructurales, es que hace décadas, expresidentes latinoamericanos que enfrentaron, o se lucraron, con el narcotráfico y la criminalidad organizada y su violencia, fuera del poder, han sugerido legalizar las drogas.
Desde 2011, un grupo de expresidentes de México y Colombia, César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Zedillo, han presionado a favor del fin de la prohibición de las drogas.
Hace 30 años, el escritor y académico de Yale, Steven B. Duke, escribió que, mientras más efectiva es la prohibición, más se fomenta el consumo de narcóticos.
También hay pocas pruebas de que la demanda se reduzca en gran medida al aumentar el precio, pero hay fuertes evidencias de que los consumidores aumentan su participación en delitos adquisitivos para alimentar sus hábitos, es decir, los consumidores no dejan de consumir, pero para pagar los altos precios de la droga la trafican y eso incrementa la presencia de armas, y adicionalmente aumenta la corrupción de la policía.
Además, la prohibición aumenta los riesgos de sobredosis y envenenamiento, pues el Estado no regula lo que se vende y así los vendedores cortan o mezclan su producto. Como resultado, los fondos públicos se gastan con resultados contraproducentes.
No es exagerado, entonces, afirmar que se trata de otra guerra y en América Latina, en Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró estado de emergencia y, como en Honduras que, en lugar de devolver a los militares a los cuarteles, como se prometió, los mantienen en las calles, recurrió al Ejército para atajar la violencia y el narcotráfico.
La militarización de la seguridad tampoco es la solución, lo han hecho en México, Colombia, El Salvador y Honduras y eso no ha reducido la violencia, al contrario, el consumo de drogas ha aumentado.
En Colombia han enfrentado a la violencia relacionada con las drogas con una política guiada por una serie de tratados de la ONU que prohíben las drogas y obligan a los gobiernos a perseguir el consumo y la producción con fines recreativos y bajo el manto de esos acuerdos los Estados Unidos presionan a los gobiernos para que apliquen leyes estrictas y tomen medidas enérgicas en un intento de hacer frente al narcotráfico y la drogadicción.
Actualmente, América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, según el informe 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), muchos de los homicidios están relacionados con la guerra contra las drogas.
Ante el peso de la evidencia que demuestra que el combate al narcotráfico es un caso perdido, algunos gobiernos empezaron a legalizar las drogas, como en Uruguay, en 2014, y Jamaica, en 2015, mientras que Bolivia legalizó la producción indígena de cultivos de coca en 2011. En Argentina, su presidente Javier Milei también se ha declarado partidario de la legalización de las drogas.
Otros gobiernos, entre ellos Colombia, México y Bolivia, en 2016, presentaron un plan para un nuevo enfoque global del consumo de drogas en una reunión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU, pero no lograron convencer a otros países para que permitieran todos los tipos de despenalización de las drogas. Sin embargo, la asamblea sí alcanzó un acuerdo para permitir a los países regular los usos médicos de algunas drogas anteriormente ilegales, como la mariguana.
Existe un debate de larga duración sobre si proponer el fin de la prohibición de las drogas –y de la guerra contra las drogas como consecuencia– detendrá la violencia y reducirá la adicción.
Los datos parecen respaldar las afirmaciones de que perseguir el consumo y la producción de drogas no está reduciendo la adicción. Según el Institute For Health Metrics and Evaluation, desde finales de 1990, el número de consumidores de drogas con drogodependencia ha aumentado de 40 a 50 millones de usuarios anuales en todo el mundo, a pesar de la “guerra contra las drogas”. Continuará…
