Un juez federal suspendió temporalmente la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que buscaba congelar de inmediato todas las subvenciones y préstamos federales.
La medida, que debía entrar en vigor este martes, ponía en riesgo programas esenciales de educación y salud de los que dependen millones de estadounidenses.
En ese sentido, la magistrada Loren L. AliKhan emitió su fallo minutos antes de la aplicación de la directiva presidencial.
De esa forma, estableciendo que la suspensión administrativa estará vigente hasta el próximo lunes.
Según informó CNBC News, la jueza aclaró que la medida expirará el 3 de febrero a las 5:00 p.m., salvo que se conceda una orden de restricción temporal, como han solicitado varias organizaciones demandantes.
Impacto de la congelación de fondos
La administración Trump argumentó que la congelación de fondos busca garantizar el cumplimiento de sus recientes órdenes ejecutivas.
Asimismo, incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).
En un memorando emitido el lunes, el director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Matthew J. Vaeth, detalló que la medida afecta financiamiento destinado a la ayuda exterior, organizaciones no gubernamentales y programas clave dentro del país.
Entre los sectores más golpeados por la orden presidencial estarían la investigación en salud, la asistencia alimentaria, los préstamos estudiantiles y el apoyo a veteranos y personas con discapacidad.
Asimismo, la decisión de Trump podría retrasar la entrega de recursos para zonas afectadas por desastres naturales, como los incendios en California y las inundaciones en Carolina del Norte, estados que el mandatario visitó recientemente y donde prometió respaldo federal.
Lea también: EE.UU. abrirá las puertas de la Casa Blanca a influencers como nuevos medios de comunicación
Organizaciones en contra
La congelación de fondos ha sido impugnada por organizaciones como National Council of Nonprofits, American Public Health Association y Main Street Alliance, que argumentan que, si bien la administración Trump puede promover sus prioridades políticas, debe hacerlo dentro del marco legal.
El fallo judicial representa un obstáculo para la Casa Blanca, que enfrenta creciente oposición a sus políticas de recortes y restricciones presupuestarias.
Ahora, la decisión final sobre la orden de Trump dependerá de los próximos movimientos judiciales en este caso.