Tegucigalpa. El Gobierno de Honduras expresó este jueves su rechazo a la conocida «Lista Engel» en la que Estados Unidos señaló por corrupción al ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, al considerar que es un «mecanismo impositivo» contra países soberanos.
«Honduras por principio rechaza toda medida unilateral contraria al derecho internacional, ya sean estos bloqueos, sanciones o listas elaboradas de manera subjetiva, por ser mecanismos impositivos contra países soberanos», indicó el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, en un mensaje en X (antes Twitter).
Reina manifestó su «solidaridad» a Salgado por su inclusión en la conocida como ‘lista Engel’ de actores corruptos y antidemocráticos.
Condenan inclusión de ministro hondureño en lista
El canciller hondureño además condenó que EE.UU. haya señalado a Salgado en su Lista de Actores Corruptos en Centroamérica por «motivos puramente ideológicos, es absurdo».
EE.UU. acusa además al ministro de Planificación Estratégica de Honduras de coordinar a miembros del Partido Libre para «reprimir» e «intimidar violentamente» a los legisladores de la oposición en el Congreso el pasado 31 de octubre, cuando se debatía el nombramiento del nuevo fiscal general.
Salgado ha sido crítico con el Gobierno estadounidense, al que ha acusado de estar conspirando en contra de la presidenta Xiomara Castro.
El Gobierno estadounidense también incluyó en la Lista Engel a los empresarios hondureños Mohammad Yusuf Amdani Bai y Cristian Adolfo Sánchez.
En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, advirtió de que la corrupción y las prácticas antidemocráticas en Centroamérica «generan inestabilidad e impulsan la migración» en el continente.
Por ello, Miller aseguró que Estados Unidos trabaja para promover «las normas democráticas» en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua e hizo un llamamiento a sus gobiernos para que pongan «fin a la corrupción».
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La Lista Engel, llamada así por el congresista demócrata Eliot Engel que la promovió en 2019, es elaborada por el Departamento de Estado e implica la imposición de sanciones para las personas que son incluidas en ella.