Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras investigará la actuación de los directores de cuatro cárceles del país durante los enfrentamientos entre pandilleros registrados del fin de semana.
La Sala de lo Constitucional nombró dos jueces ejecutores para documentar las situaciones violentas reportadas el fin de semana en cuatro cárceles.
Asimismo, para determinar cuáles fueron las actuaciones de los directores de esos centros penales, indicó la CSJ en un comunicado.
Además, señaló que la Sala de lo Constitucional inició de oficio un «recurso de exhibición personal de carácter correctivo».
Esto con el fin de «salvaguardar la libertad individual de los privados de libertad» y «mantener el orden de los centros penitenciarios».
Los jueces ejecutores visitarán la cárcel de Ilama, la de Morocelí, la Penitenciaría Nacional y la de El Porvenir.
Los amotinamientos y tiroteos simultáneos registrados en cuatro prisiones de Honduras dejaron un pandillero muerto y al menos siete heridos.
«El informe que deberán rendir los jueces ejecutores, en el menor plazo posible, determinará cuáles fueron las actuaciones de los directores de los centros penales antes citados con relación a una persona muerta y varios heridos», precisó la CSJ.
La Sala de lo Constitucional emitirá en los próximos días su «sentencia correspondiente», en la que indicará todas las acciones de carácter correctivo que deben implementar las instituciones y funcionarios encargados del sistema penitenciario.
Según el artículo 19 de la Ley sobre Justicia Constitucional, la Sala de lo Constitucional de Honduras puede iniciar de oficio la acción de exhibición personal.
Intervención en las cárceles
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, nombró este lunes a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para liderar un plan de intervención de las cárceles.
Castro señaló que Villanueva anunciará el viernes las medidas que contemplará el plan de intervención del sistema penitenciario.
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En las cárceles de Honduras impera la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos. EFE