Tegucigalpa. El Consejo de Ministros aprobó la ampliación del estado de excepción por 45 días más, cubriendo el proceso de elecciones primarias del 9 de marzo en Honduras. La medida estará vigente hasta el 5 de abril y busca garantizar un entorno seguro durante los comicios.
Según la Secretaría de Seguridad, el estado de excepción permitirá reforzar los operativos de vigilancia en 226 de los 298 municipios del país.
«El estado de excepción no restringe el derecho de libre circulación, sino que busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y el orden público», señaló la Policía Nacional en redes sociales.
La medida, formalizada a través del decreto PCM 10-2025 y publicada en el diario oficial La Gaceta, entró en vigor a partir de las 6:00 p. m. del miércoles 19 de febrero y concluirá a las 6:00 p. m. del sábado 5 de abril.
Durante este período, se desplegarán dispositivos de seguridad y patrullajes estratégicos en los alrededores de los centros de votación.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas por parte de distintos sectores.
En ese sentido, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) lamentó la extensión de la medida, argumentando que «restringe derechos fundamentales y atenta contra el proceso democrático del país».
Asimismo, en un comunicado, advirtió que el estado de excepción coloca a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad, incluyendo el ejercicio del periodismo.
Recurso de inconstitucionalidad
Por su parte, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó el 5 de febrero un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
De esa forma, argumentando que las reiteradas prórrogas de esta medida no se ajustan a la ley y afectan los derechos fundamentales de la población.
Según un informe de la ASJ publicado el 4 de febrero, entre 2022 y finales de 2024, más de 304,000 hogares hondureños fueron víctimas de extorsión, lo que evidencia que la estrategia no ha logrado erradicar este delito.
Lea también: Roger Stone considera que «JOH fue incriminado por delitos que no cometió»
El estado de excepción fue implementado por primera vez el 6 de diciembre de 2022 mediante el decreto ejecutivo PCM-01-2023, como una estrategia del gobierno de Xiomara Castro para combatir el crimen organizado.
La medida restringe derechos como la libertad personal, de asociación, de reunión y de circulación, así como la inviolabilidad del domicilio.
Autoridades de Seguridad defienden su continuidad, asegurando que ha sido efectiva para frenar delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.