Tegucigalpa. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este sábado que el gobierno pretende coartar los derechos humanos y las garantías constitucionales.
Lo anterior, preside al ordenar investigar una marcha pacífica en contra del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria.
En su cuenta de Twitter, el CNA calificó como amenaza la orden del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de investigar y castigar a quienes financien la protesta.
Advirtió que esta decisión pone en peligro las garantías constitucionales y los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República.
Cita que la manifestación pacífica que ejerce la ciudadanía es un derecho que corresponde a los artículos 70, 78, 79, 81 y 89 de la Constitución de la República.
Asimismo, señaló que la libertad de la sociedad para reunirse, desplazarse y expresarse libremente está argumentada en los artículos 13, 15, 16 y 22 del Pacto de San José.
No obstante, el CNA aclaró que el gobierno puede criminalizar la protesta en base al Código Penal y Código Procesal Penal.
La protesta se criminaliza siempre que provoquen un estado de terror en la población, impidan las funciones de los poderes del Estado.
En ese sentido, si la protesta es mediante violencia, intimidación o fuerza.
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Sin embargo, el CNA aseveró que la decisión del CNDS responde a una trascendencia fundamental para el afianzamiento de la vida democrática.
De tal forma que, el derecho a la manifestación pacífica no es abolida por “acciones injustificadas” que emerjan del uso autoritario del poder.