San José. Dos estudios publicados este jueves instan a Centroamérica a incrementar su inversión en Salud como una herramienta para impulsar el desarrollo económico.
Los informes de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) se basan en Costa Rica, Panamá, Guatemala y República Dominicana.
Asimismo, identificaron los aportes del sector salud al producto interno bruto (PIB) y a la generación de empleo.
Una de las conclusiones señala que la inversión en salud impacta directamente en la economía de los países.
Además, que los porcentajes de inversión asignados y las prácticas de gestión presupuestaria aún necesitan de un esfuerzo colaborativo para llegar a su máxima eficiencia.
En ese sentido, Fedefarma aseguró que se requiere de «un cambio de paradigma de los gobiernos para que dejen de ver la inversión en salud como un gasto».
Un informe, detalla que en Costa Rica y Panamá el gasto público en Salud oscila entre el 5 % y el 5,3 % del PIB.
Sin embargo, el número cae a la mitad en Guatemala (2,4 %) y República Dominicana (2,7 %).
«Los países de la región siguen teniendo desafíos por superar en materia de acceso y cobertura de los servicios de salud».
Los datos señalan que la cobertura del sistema de salud en Costa Rica alcanza el 92 %, mientras que en República Dominicana el 71 %,
Por lo tanto, en Panamá el 63 %, y en Guatemala el 17 % de la población.
Acceso al internet
La investigación también reveló que el acceso a internet es esencial para la implementación de la salud digital.
Costa Rica alcanzó un acceso a este servicio del 80,5 %, República Dominicana del 76,9 %, Panamá del 64,4 % y Guatemala del 50 %.
«A pesar de que los 4 países se desempeñan adecuadamente en materia de confiabilidad del presupuesto y transparencia de las finanzas públicas, sigue siendo un desafío asegurar la sostenibilidad de los sistemas de salud en el tiempo y la cobertura adecuada; lo que se puede lograr con una mejor administración de los recursos económicos», explicó Fedefarma.
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Los estudios recomiendan revisar los vicios presupuestarios de los sistemas de salud, como es el caso de las remuneraciones y transferencias corrientes que abarcan hasta un 77 % del presupuesto de las instituciones públicas.