San Pedro Sula. La abogada Lili del Carmen Pineda, quien se desempeñó como funcionaria pública en el departamento de Permisos de Construcción en la administración de Armando Calidonio, y su esposo, el ingeniero eléctrico Cristian Castellanos, son los propietarios del edificio de cuatro pisos que la Municipalidad de San Pedro Sula cerró el pasado viernes por no contar con los permisos establecidos.
El caso que ya está en manos del Ministerio Público, ha generado mucho interés en la ciudadanía, luego de que el párroco Alex Francisco Ramos, de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, denunció los daños al templo Espíritu Santo, que ha ocasionado la construcción de dicho edificio en la colonia Jardines del Valle, de esta ciudad.
En ese sentido, Diario EL PAÍS, conversó con Fanny Ortiz, directora de Edificaciones y Permisos de Construcción de la Municipalidad, quien señaló que es un abuso el que han cometido los propietarios de esa edificación, a quienes se les otorgó un permiso para construir una casa bifamiliar, y aunque pudieron hacer el cambio dentro de la misma gestión para el edificio de 52 apartamentos, no lo hicieron, incluso contando con el predio necesario para cumplir con los retiros respectivos, con sus vecinos.
“Recibimos denuncias de que no se estaba construyendo lo autorizado, y que no cumple los retiros ni en la parte posterior, porque está pegada a las instalaciones de la iglesia, tampoco en la parte frontal y en uno de los laterales. Según la zona, el espacio debe ser de cinco metros en la parte posterior, tres metros en la parte frontal y 1.75 en los laterales”, indicó.
Asimismo, informó que, siguiendo el procedimiento, desde el año pasado, se hicieron los requerimientos a los dueños para que pararan la obra e hicieron caso omiso. “Se les informó para que demolieran y lo hicieran de manera correcta según el artículo 233 de Plan de Arbitrios sobre regularización de obras ejecutadas, del cual estoy solicitando al alcalde Roberto Contreras que lo eliminemos o modifiquemos, porque es dañino”, explicó.
Dicho artículo establece que tienen que acatarse a los requisitos y mientras haya una denuncia no se puede regularizar y si no se llega a una conciliación deberá demoler para cumplir, además establece que la obra tiene que estar terminada, siendo este el punto que se quiere cambiar.
“A inicios del presente año envié el caso a Justicia Municipal, y los propietarios no se presentaron para conciliar, visité en varias ocasiones la construcción con el personal del campo, incluso la Policía llegó a decomisar herramientas y colocar rótulos de “Obra Ilegal”, pero los quitaron, entonces se trasladó el caso a Gerencia Legal, según el proceso administrativo que se debe seguir, y me puse a disposición de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para declarar, donde expliqué que se hicieron los dos requerimientos de paro, el cierre, y los dueños no hicieron caso”.
Asimismo, señala que también realizó la denuncia en el Colegio de Ingenieros Civiles, quienes inspeccionaron el lugar y al conocer quiénes son los propietarios, señalaron que son reincidentes, siendo la tercera ocasión que hacen este tipo de cosas.
“También nos reunimos con el padre Alex Francisco Ramos, quien pide se resarzan los daños ocasionados en las instalaciones del templo Espíritu Santo, que, en este caso, tienen que volver a construir esa área afectada porque no respetaron el retiro entre propiedades, lo cual está en manos del Ministerio Público, que demás tendrá que resolver si demuelen el edificio, el cual no cuenta con permisos ambientales para la parte hidrosanitaria”, concluyó.
Sépalo
Según la funcionaria, existen muchas edificaciones ilegales, por ejemplo, que ofrecen apartamentos y estafan a la población. En este caso, cualquier persona puede consultar en la Municipalidad si determinado proyecto cuenta con permisos.