Nicaragua. Este viernes entró en vigor una polémica ley aprobada por el parlamento de Nicaragua que permite juzgar a quienes realicen acciones contra el gobierno de Daniel Ortega desde el extranjero.
La ley, publicada en el diario oficial La Gaceta, se aprobó el martes por unanimidad en un congreso controlado por el oficialismo.
Opositores exiliados han denunciado que esta reforma al código penal la utilizara el gobierno como una «herramienta de represión transnacional».
La normativa establece que las leyes penales de Nicaragua se aplicarán tanto a nicaragüenses como a extranjeros fuera del país.
Entre los delitos contemplados se incluyen aquellos «contra la administración pública», «ciberdelitos» y «delitos contra el Estado o sus instituciones», considerados una amenaza a la «integridad nacional».
Las sanciones pueden llegar hasta los 30 años de prisión y la confiscación de bienes.
Además, la ley establece multas y sanciones para empresas y organizaciones que incurran en estos delitos.
«Las penas impuestas por delitos dolosos o imprudentes llevarán consigo la pérdida de dinero, bienes o activos», detalla la normativa.
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El gobierno de Ortega ha endurecido la represión desde las protestas de 2018, en las que más de 300 personas murieron según la ONU.
Desde entonces, el gobierno ha cerrado alrededor de 5.500 organizaciones no gubernamentales y confiscados sus bienes.
Mientras miles de nicaragüenses han partido al exilio y otros han sido expulsados del país.
La entrada en vigor de esta ley se produce un día después de que el gobierno de Ortega liberara a 135 presos políticos.
Mismos que enviaron a Guatemala con mediación de Estados Unidos.