Recientemente tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia sobre la estructura de impuestos municipales en Honduras. El brillante expositor mostró como esta presenta una notable disparidad en diferentes zonas del país y se convierte en un significativo obstáculo para las inversiones, sobre todo por la incertidumbre que genera para las empresas y el laberinto que deben enfrentar los comerciantes para presupuestar sus gastos operativos. Esa variabilidad no solo refleja una falta de uniformidad en la política fiscal del país, sino que también evidencia problemas estructurales y de gobernanza que requieren atención urgente.
Nos decía el expositor que las transferencias millonarias del gobierno central a las municipalidades tienen como objetivo, precisamente, compensar la mala administración local. Sin embargo, esa solución temporal no aborda las raíces del problema: la ineficiencia administrativa y la falta de un marco fiscal coherente y actualizado. Mientras los ciudadanos a menudo quedan exentos de esa pesadilla por motivaciones puramente políticas, las empresas se enfrentan a un panorama tributario complejo y costoso. Claro, el ciudadano vota, las empresas no.
Un factor crucial es el desorden administrativo que afecta los planes de arbitrios. Para entender las razones por las que estos impuestos y tasas municipales no se ajustan a la realidad actual, basta comprender que la Ley de Municipalidades tiene más de 30 años de existir, pero apenas ha sido objeto de cinco reformas. Durante este tiempo, otras entidades como el Servicio de Administración de Rentas, la Administración Aduanera y el Instituto de la Propiedad han experimentado un crecimiento y modernización de la que tristemente no se contagió la normativa municipal. Esta disparidad provoca un desfase entre la regulación y las prácticas actuales, lo que genera inseguridad jurídica para los contribuyentes.
Durante la conferencia se nos presentaron algunos ejemplos muy ilustrativos. Por ejemplo, en una municipalidad se paga un valor por el permiso de operación y en otra, en la misma zona y con actividades y dimensiones idénticas, se paga cien veces más por el mismo permiso. En otras alcaldías los tributos son calculados en base a material vegetal, como caña y plátano, lo que resulta anacrónico y poco representativo de la economía moderna. Algunas municipalidades imponen tributos basados en la actividad económica específica, como supermercados o restaurantes, mientras que otras consideran incluso el nombre de la empresa como un criterio para la imposición de impuestos. La lista de disparates y abusos es larguísima.
Los impuestos personales también varían considerablemente entre municipalidades, con algunas incluso gravando los aguinaldos, lo que añade una capa más de complejidad e ilegalidad al asunto. Otro ejemplo del desorden actual es el cobro del uso del espacio aéreo, el cual es realizado tanto por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como por las municipalidades, generando duplicidades y conflictos. Para terminar de agravar la situación, si el contribuyente presenta una impugnación la Municipalidad retiene los permisos de operación, generando indefensión y limitando indebidamente sus actividades.
Este enfoque fragmentado y arbitrario desincentiva la inversión, complica la planificación empresarial y deteriora el clima de negocios, por lo que debe ser revisada para garantizar que la justicia tributaria no se traduzca en una barrera para la actividad económica. En este contexto, una posible solución sería reformar la Ley de Municipalidades, pero actualmente eso es poco probable teniendo en cuenta que estamos en medio de un proceso electoral y que los diputados difícilmente querrán discutir un tema que afecte a los alcaldes, quienes son aliados importantes durante la campaña política.
Estos problemas no se limitan a la política fiscal, sino que también tocan la política monetaria. Es por ello que un liderazgo fiscal robusto, encabezado por la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras, es decisivo para implementar una reforma que armonice los impuestos y tasas municipales. También debe tenerse muy presente que un sistema así de enmarañado y absurdo es campo fértil para la corrupción, misma que siempre termina dañando a los ciudadanos.
La disparidad en los impuestos municipales no solo refleja una falta de coordinación y planificación, sino que también actúa como un freno para el desarrollo económico. La modernización y armonización del marco legal y administrativo son pasos necesarios para crear un entorno más favorable para la inversión. Un liderazgo fiscal firme y una voluntad política clara son fundamentales para emprender esta reforma, la cual debe ser inclusiva y reflejar las realidades actuales del país. Solo así se podrá transformar el sistema tributario en un motor de desarrollo en lugar de un obstáculo.
Por: Rodolfo Dumas Castillo
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