La Universidad de Harvard y la administración de Donald Trump protagonizan un nuevo episodio de confrontación institucional, luego de que el Gobierno federal congelara más de 2.000 millones de dólares en subvenciones multianuales y 60 millones en contratos, en respuesta a la negativa de la universidad de aceptar ciertas exigencias impuestas desde Washington.
La disputa se enmarca en una ofensiva más amplia de la administración republicana contra diversas universidades del país, acusadas de fomentar el antisemitismo o aplicar criterios de admisión con sesgo racial.
El presidente interino de Harvard, Alan M. Garber, respondió con firmeza al anuncio, señalando en un comunicado que la institución «no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales», y que el acuerdo propuesto por el Gobierno había sido formalmente rechazado a través del equipo legal de la universidad.
Ataque a las universidades
La decisión de Harvard marca un punto de inflexión en el conflicto, ya que es una de las primeras universidades que se planta directamente ante las demandas federales.
En paralelo, otras instituciones como la Universidad de Columbia también han sido objeto de presión por parte del Gobierno.
El pasado 7 de marzo, Columbia vio retirados 400 millones de dólares en financiación debido a su supuesta incapacidad para controlar el antisemitismo en su campus.
Tras una serie de conversaciones, Columbia presentó un plan de acción que fue considerado como un “primer paso positivo” por agencias federales, aunque la presidenta interina, Claire Shipman, enfatizó que no aceptarán medidas que comprometan su autonomía académica.
Princeton, por su parte, también ha sido blanco de las medidas. La administración suspendió 210 millones de dólares en becas provenientes de agencias como la NASA y el Departamento de Defensa, bajo el argumento de investigaciones por presunto antisemitismo.
El presidente de Princeton, Christopher Eisgruber, denunció la falta de claridad del Gobierno sobre el motivo de la suspensión y reiteró su compromiso con la libertad académica, advirtiendo que estas acciones representan la mayor amenaza para las universidades desde la era del «Temor Rojo».
La ofensiva se ha extendido a otras instituciones como Cornell y Northwestern. Ambas universidades recibieron la notificación del congelamiento de fondos federales por montos superiores a los 1.000 millones y 790 millones de dólares respectivamente.
Polémica investigación
La decisión, según el Gobierno, responde a investigaciones en curso relacionadas con la ley federal Título VI, que prohíbe la discriminación en programas que reciben fondos públicos.
Cornell afirmó no haber recibido aviso previo sobre la congelación, y denunció la recepción de más de 75 órdenes de suspensión de trabajos por parte del Departamento de Defensa.
La universidad declaró que está buscando información directamente con los funcionarios federales para conocer las razones detrás de esta medida.
En medio de este panorama, la administración Trump sostiene que su objetivo es asegurar que las universidades rindan cuentas por prácticas que, a su juicio, vulneran principios fundamentales del país.
Sin embargo, las instituciones educativas acusan una intromisión sin precedentes en su gobernanza, autonomía académica y libertad de expresión.
Organizaciones académicas y de derechos civiles han salido en defensa de las universidades, advirtiendo que estas acciones podrían sentar un peligroso precedente de control político sobre la educación superior.
Expertos legales también han cuestionado la legalidad de congelar fondos federales como mecanismo de presión para imponer reformas ideológicas.
Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece en alerta ante lo que considera un ataque directo a su misión formativa y científica.
Estudiantes, docentes y directivos coinciden en que, más allá de los fondos, lo que está en juego es el futuro de la educación como espacio libre de pensamiento crítico.
La situación se encuentra en pleno desarrollo y se espera que en los próximos días otras universidades afectadas emitan sus posiciones oficiales.
El conflicto promete escalar aún más en un contexto político tenso, donde el debate sobre los límites del poder federal y la autonomía académica vuelve a ocupar un lugar central en la discusión pública.