La administración del presidente Joe Biden analiza legalizar a poco mas de un millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, reveló el diario The New York Times.
Ante las presiones de organizaciones que defienden los derechos de inmigrantes, el gobierno estudia propuestas y opciones para otorgar autorizaciones de empleo a este grupo específico de extranjeros sin estatus legal de permanencia en Estados Unidos.
De acuerdo a medios locales, la idea ha cobrado fuerza para contrarrestar los efectos negativos del cambio de postura de Biden en materia migratoria.
Sobre todo tras emitir la semana pasada la orden ejecutiva que restringe severamente el asilo en la frontera con México a quienes cruzan ilegalmente hacia EE.UU.
El amparo seria similar al TPS
El amparo sería similar al otorgado a los cerca de 560,000 dreamers protegidos por DACA y a titulares del programa Estatus de Protección Temporal (TPS).
En ese sentido, cada dos años, en el caso de los primeros, y cada 18 meses el resto, renuevan sus amparos de deportación y sus autorizaciones de empleo ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.
Organizaciones presionan a Biden
Al menos 100 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, junto con congresistas demócratas, presionan a Biden para legalizar la iniciativa.
En febrero, el Senado rechazó un plan bipartidista de $14,000 millones para contratación de unos 2,400 agentes fronterizos, 4,300 agentes de asilo y 100 tribunales de inmigración.
Lo anterior, para descongestionar la frontera, según un plan de la Casa Blanca.
En mayo un segundo intento volvió a ser rechazado por los republicanos, quienes alegan que la crisis en la frontera es consecuencia de la política migratoria de Biden.
Quien desarmó la “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump.
Biden, por su parte, acusa a Trump de presionar a los republicanos para no hacer nada en la frontera y justificar su discurso de campaña.
Asilo a indocumentados
Días atrás Biden emitió una orden ejecutiva que restringe el asilo a extranjeros quienes crucen ilegalmente a EE.UU.
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La medida entra en vigor cuando las detenciones en la frontera superan el umbral de 2,500 detenciones diarias durante una semana.
Dicha orden fuertemente criticada por las organizaciones de inmigrantes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y congresistas demócratas.
De acuerdo a la cadena de televisión Univisión, la ACLU advirtió el martes que demandará la acción ejecutiva de Biden en los tribunales de justicia.
