San Pedro Sula. Fanny Ortiz, directora de Edificaciones y Permisos de Construcción de la Municipalidad de San Pedro Sula, se defendió y rechazó supuestas irregulares en el otorgamiento y uso de permisos de construcción en el caso de Bodega de Armenta.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presento requerimiento fiscal contra Ortiz.
“Quiero explicar cómo son las cosas, para poder defenderme y porque tengo derechos ya que me han querido destruir, exponiendo solo lo que les conviene”, dijo a Diario EL PAÍS.
La afectada expresó que todo el conflicto inició por el pleito entre dos empresarios, uno de ellos solicitó un permiso para la construcción de una bodega en Armenta.
Sin embargo, el otro empresario denuncio la obra, ya que existe una enemistad entre ellos.
“Este es un proyecto, evaluado en la administración anterior con un anteproyecto viable y un permiso que cumplió con todos los requisitos, el permiso de construcción, pagado el 4 de febrero del 2022 después que la empresa delegada lo revisara y diera visto», señaló.
De acuerdo al «Plan de Arbitrios, artículo 225, inciso 2, señala que la fecha que debe salir en la licencia es cuando se hace el pago respectivo», indicó Ortiz.
No obstante, «el contribuyente esperó más de un año para que se le pudiera otorgar”.
“Ahora a mí me están acusando de falsificación de documentos, lo cual no pueden demostrar, en ese caso yo presenté las pruebas de que no puedo modificar los datos que son ingresados al sistema», explicó.
Por lo que, seria imposible «que haya falsificado algún documento para favorecer al contribuyente».
De acuerdo a Ortiz, «solo Catastro o la empresa que administra la red, Mega Platinum, pueden hacer modificaciones en el sistema”.
Y hasta el momento no se han actualizado los datos por la investigación.
En ese sentido, la funcionaria explicó que su abogado le informó que la resolución emitida por el Juez de Primera Instancia no se encuentra firme, por lo tanto, él planteó un recurso de apelación.
Asimismo, en esta etapa del juicio no se demuestra culpabilidad o inocencia, será hasta en un juicio oral y público donde se demostrará su inocencia, recalcó.
Otros acusados
Señaló que también, por este caso el arquitecto Carlos Alvarado, director de Urbanismo, pero en el proceso el Ministerio Público lo planteó por hechos distintos.
De acuerdo a los resultados de la audiencia por parte de la juez, además en la resolución no fueron plasmados los hechos que el Ministerio Público alegó desde un inicio.
“Dentro de la audiencia no se hace ver que de los medios de prueba que presentó el Ministerio dos de ellos fueron declarados bajo nulidad, inútiles, e ilícitos por haber sido obtenidos sin la representación de sus abogados», agregó.
Lo cual deja en «entredicho la buena fe que debe tener el Ministerio Público y el principio de objetividad que debe caracterizar cualquier proceso penal».
A su vez Ortiz manifiesta que se ha violentado su principio «de inocencia por eso estoy contando mi parte”.
Otro aspecto de la acusación es que señalan que la afectada tiene desbloqueada la clave para acceder a la información, lo cual no es cierto porque está en proceso de investigación.
“El empresario obtuvo su permiso de construcción como es debido, pero se suspendió por las investigaciones que se estaban haciendo, y se procedió a un cierre».
Sin embargo, «el empresario presentó un recurso de apelación sobre el mismo”, y yo ya no estaba en ese momento por mi maternidad”, apuntó.
Permisos en regla
Comentó que la zonificación que tiene el lugar es una ZUA-RES-R2 y, según la ordenanza, para este tipo de construcciones de bodega es permitido.
En el certificado que se tiene de anteproyecto y permisos de construcción que evaluaron los técnicos de la empresa delegada Mega Platinum en esa clave catastral está ese permiso otorgado.
El artículo 13 de la ordenanza de zonificación establece el tipo de zona y la que le implementaron en la revisión, está en el anteproyecto marcado y también señala que si la persona tiene otros problemas tendrá que arreglar su construcción y se desbloquea la clave hasta hacer esos arreglos.
No obstante, en este caso el empresario cumple con todo lo establecido en la clave catastral, ya que no es una urbanización.
Además, no se le pueden exigir más requisitos de lo que establece la ordenanza, ya que sería un abuso de parte de la Municipalidad.
“El dueño de la construcción tiene una licencia ambiental vigente que cumple con todo y una constancia ambiental actualizada. El ZUA-RES-R2 inciso S2 de la ordenanza dice que cumple para bodega de 2,000 m2 para servicios, oficinas. Y los índices urbanísticos COS (índice de ocupación del área a construir) y CUS (índice de utilidad del área donde se va a construir), según los certificados de anteproyecto y permiso de construcción, están dentro de lo establecido», agregó.
No obstante, «a pesar de todo esto y de tener su licencia de permiso de construcción, sigue bloqueado hasta la fecha, en el sistema se puede observar si en algún momento ha sido desbloqueado y esto no ha pasado, todas estas pruebas se mostraron a la juez”.
También manifestó que se vio la mala intención de parte de la Fiscalía que no entregó los certificados donde evaluaron el proyecto los técnicos desde finales del año 2021 e inicios del 2022.
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Lo anterior, con la intención de acusar al arquitecto Alvarado y a la directora de Edificaciones.
“Mi abogado ha presentado las pruebas de que no existe falsificación, porque es una información que yo no puedo cambiar en el sistema. Yo comencé a trabajar en la dirección de Edificaciones y Permisos de Construcción el 21 de diciembre de 2022, entonces no sabía del tema y las evaluaciones que venían haciendo. La tramitadora se presentó para volver a activar la gestión y eso fue lo que sucedió y estaban en todo su derecho, porque, como manifesté, hasta ya estaba pagado el permiso”.
Señaló que el alcalde Roberto Contreras confió en su persona para hacer un buen trabajo en base a ley, y es lo que ha estado haciendo.
“Sabemos que algunos artículos de la ordenanza son rechazados por la población, pero se tienen que acatar. Se está evaluando por medio de la comisión técnica de urbanismo para hacer cambios en la ordenanza que han sido mal evaluados, a nuestro parecer, en el gobierno anterior, ya se comenzó con algunos cambios de zonificación el año pasado y se seguirán haciendo, al igual artículos del Plan de Arbitrios como, por ejemplo, la regularización que establecieron en tiempo de la emergencia por la COVID-19 y siguen vigentes y ya deben quitarse, así como hacer modificaciones para la agilidad de los permisos”, concluyó.