Tegucigalpa. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el estado de excepción vigente en Honduras. La resolución fue dada a conocer este jueves por el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
El recurso lo interpusieron los abogados Fernando González y Leonel Núñez, quienes argumentaban que las prórrogas del estado de excepción, realizadas por el Gobierno a través de decretos ejecutivos (PCM), presentaban irregularidades.
Sin embargo, la Sala determinó que el mecanismo legal utilizado para impugnar la medida no era el adecuado, ya que los PCM no tienen rango de ley y, por lo tanto, no pueden ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad.
Fundamentos de la resolución
Según explicó Duarte, la Sala de lo Constitucional carece de competencia para pronunciarse sobre las extensiones del estado de excepción.
Lo anterior, dado que estas se decretaron por el Poder Ejecutivo y no por el Congreso Nacional.
El estado de excepción se implementó por primera vez el 22 de noviembre de 2022 como parte de una estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno para combatir la criminalidad.
Desde entonces, se ha prorrogado en múltiples ocasiones, pese a las críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.
Mismas, que advierten sobre la restricción de garantías constitucionales.
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Extensión del estado de excepción hasta abril
A pesar de los cuestionamientos, el Consejo de Ministros aprobó recientemente una nueva ampliación del estado de excepción por 45 días, por lo que la medida seguirá vigente hasta el 5 de abril de 2025.
Esta última prórroga coincide con la realización de las elecciones primarias en Honduras, programadas para el 9 de marzo.
Según la Secretaría de Seguridad, la medida busca garantizar un proceso electoral seguro y accesible para todos los ciudadanos.
El estado de excepción permite a las autoridades restringir derechos fundamentales, como la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio, con el objetivo de combatir delitos como la extorsión y el narcotráfico.
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Sin embargo, su implementación ha generado debate sobre su efectividad y el impacto en los derechos de la población.
La decisión de la CSJ de declarar inadmisible el recurso deja sin efecto, al menos por el momento, los intentos legales de revertir la medida.
Entretanto, el Gobierno mantiene su postura de que el estado de excepción es una herramienta clave para la seguridad nacional.