Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió diligencias prejudiciales contra varios diputados y exdiputados señalados por presunta malversación de fondos públicos, corrupción y lavado de activos, delitos que habrían afectado la economía del país.
Según se conoció, el pasado 13 de enero, la abogada Kenya Patricia Reconco, en su rol de Agente de Tribunales asignada a la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó una solicitud para juramentar a un perito que analizará información contenida en 104 discos compactos.
Dichos archivos serán sometidos a una auditoría forense como parte de las investigaciones en curso. Además, se solicitó que el proceso se maneje con estricta reserva.
Entre los investigados figuran los nombres de:
- Milton de Jesús Puerto
- Dennis Antonio Sánchez Fernández
- Fabricio Puerto Oseguera
- Hernán Enrique Vindel Mourra
- José Rodney Bautista Posadas
- Manuel Iván Fiallos
- Juan Carlos Valenzuela
- Román Villeda Aguilar
- Víctor Rolando Sabillón Sabillón
- Yaudet Burbara Canahuati
- Welsy Milena Vásquez
- Audelia Rodríguez Rodríguez
- Augusto Domingo Cruz Asencio
- Antonio Rivera Callejas
- Allan Arony San Martín Vallejo
- Estela Lisseth Muñoz
- Geovanny Castellanos Deras
- Jeremías Castro Andrade
- Kenia Xiomara Reyes Vargas
- María José Panchame Osorio
- Leana Lizeth Lagos
- Jessy Carolina Lagos Núñez
- Evelyn Johanna Ortiz Romero
- José Rodney Bautista Posadas.
Poder Judicial
El abogado Darwin García, representante del diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Juan Carlos Valenzuela, confirmó que se presentó en el Poder Judicial para conocer detalles del proceso y garantizar el derecho a la defensa de su cliente.
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«Nos hemos apersonado para que el debido proceso se respete, que todo elemento de prueba obtenido por el Ministerio Público sea verificado y la defensa pueda participar», declaró García a medios de comunicación.
Asimismo, recordó que los fondos departamentales han sido auditados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y que existen posturas oficiales al respecto dentro de la CSJ.
Como parte de su gestión, solicitó copias de las diligencias presentadas para conocer con precisión las acciones emprendidas por el ente acusador.