Tegucigalpa. El Congreso Nacional de Honduras aprobó recientemente una nueva deuda por 359.9 millones de dólares en préstamos internacionales, según informó en un comunicado oficial.
A esta cifra se suman 39.1 millones de dólares en donaciones no reembolsables, destinadas a financiar proyectos en infraestructura vial, energía limpia, recuperación ambiental y el fortalecimiento del sector agroalimentario.
Los préstamos fueron gestionados por el Gobierno de la República y firmados con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Mundial (BM).
Las condiciones de financiamiento son calificadas como concesionales, es decir, con bajas tasas de interés y amplios períodos de gracia.
Desde el Congreso se aseguró que estos recursos están contemplados en el Presupuesto General de la República 2025 y no representan un endeudamiento adicional no previsto.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas por parte de sectores que advierten sobre el crecimiento constante de la deuda pública.
Deuda pública
Durante los últimos 12 años, Honduras ha visto aumentar su deuda de 3,000 millones a más de 20,000 millones de dólares.
Pese a ese incremento, la población aún reclama obras y mejoras concretas. El Congreso, por su parte, sostiene que la inversión actual responde a una planificación técnica, con respaldo de instituciones internacionales y con objetivos sociales definidos.
El comunicado legislativo también arremetió contra quienes han cuestionado el destino y uso de los fondos, calificando esas posturas como “políticas mezquinas”.
Lea también: Gobierno congela fondos de Koriun y lanza promesa: “Los ahorros serán devueltos”
Asimismo, advirtiendo que pretender deslegitimar el financiamiento externo es “atentar contra el bienestar del pueblo hondureño”.
Además, se defendió la necesidad de recurrir a la deuda externa debido al déficit estructural del Estado.
Según datos oficiales, los impuestos solo cubren el 60 % del presupuesto nacional, por lo que el 40 % restante debe financiarse con préstamos.
En este contexto, se reiteró la urgencia de aprobar la Ley de Justicia Tributaria, apoyada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para mejorar la recaudación fiscal y reducir la dependencia crediticia.
El Congreso concluyó asegurando que continuará legislando con sentido de país, priorizando el desarrollo sostenible, la inversión social y la transparencia.
