Honduras, como muchos otros países en desarrollo, enfrenta una paradoja que parece insalvable. A pesar de la enorme cantidad de recursos naturales y humanos, seguimos atrapados en un ciclo de pobreza, desigualdad y falta de desarrollo social.
Este estancamiento no se debe solo a la falta de dinero o infraestructura, sino a un sistema político que prioriza los intereses de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría. La lucha por acceder a servicios básicos como agua potable, energía y educación es una realidad diaria para millones de hondureños.
En un contexto donde los recursos del gobierno son limitados y la corrupción parece omnipresente, ¿Cómo podemos esperar que las necesidades de la población se atiendan de manera eficiente y efectiva? Aquí es donde la colaboración entre el sector público y privado se presenta como una solución teóricamente viable.
Pero esta alianza, tan necesaria como riesgosa, no ha sido manejada con la transparencia y regulación que debería.
Los dos partidos políticos que han monopolizado el poder durante décadas, Partido Nacional y Partido Liberal, han utilizado estas colaboraciones como una herramienta de mercantilización del sector público, favoreciendo a sus aliados en el sector privado y relegando el bienestar de la población a un segundo plano.
¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que los intereses económicos de unos pocos dicten el rumbo del desarrollo social de nuestro país?
La colaboración entre los sectores público y privado debería representar una oportunidad de oro para abordar las crecientes necesidades del país, pero en Honduras, esta fórmula ha sido distorsionada para servir los intereses de las élites políticas y empresariales.
Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal y, desde luego, LIBRE, han fallado consistentemente en establecer marcos regulatorios sólidos que protejan el interés público en estas alianzas.
El resultado ha sido el aumento de concesiones de proyectos públicos a empresas privadas sin los controles necesarios, lo que lleva a la privatización encubierta de sectores claves como la energía, el agua y la infraestructura, en detrimento de la mayoría de la población.
En lugar de usar estas colaboraciones para mejorar los servicios básicos, los políticos han permitido que grandes empresas utilicen recursos públicos para maximizar sus beneficios sin que haya un verdadero retorno social.
¿Quién paga el precio? Los hondureños que ven cómo los proyectos que deberían mejorar sus vidas terminan solo beneficiando a los mismos de siempre.
La corrupción, que ha sido el sello distintivo de las gestiones de los partidos que nos han gobernado, ha erosionado la confianza en estas colaboraciones y ha hecho que muchos vean cualquier intento de colaboración público-privada con escepticismo justificado.
Algunos defensores del sector privado podrían argumentar que estas empresas aportan recursos y tecnología que el gobierno no tiene.
Sin embargo, esta perspectiva ignora un hecho fundamental: la falta de transparencia y rendición de cuentas en estas colaboraciones.
Si bien es cierto que el sector privado puede contribuir con su experiencia y capacidad de inversión, el problema radica en la forma en que se manejan los contratos y concesiones.
La falta de supervisión estatal, unida a la corrupción, convierte estos acuerdos en un terreno fértil para el abuso de poder.
En lugar de beneficiarse de las ventajas de esta colaboración, la población hondureña es testigo de cómo los servicios se encarecen y la calidad de los mismos empeora, mientras que las empresas beneficiadas ven aumentar sus ganancias.
La solución a este problema no puede limitarse a ajustes marginales. Lo que Honduras necesita es un cambio radical en la forma en que se gestionan estas colaboraciones.
Primero, debe establecerse un marco regulatorio robusto y transparente, que incluya la participación de la sociedad civil en la supervisión de los contratos públicos.
El gobierno debe crear una plataforma digital abierta donde se publiquen en tiempo real todos los acuerdos, licitaciones y contratos firmados con empresas privadas.
Esta transparencia permitiría a los ciudadanos monitorear cada etapa del proceso y asegurarse de que se cumplan los términos del contrato.
Además, es crucial que el Estado recupere el control de sectores estratégicos como la energía y el agua. No se puede seguir permitiendo que los recursos esenciales para la vida de los hondureños sean administrados por empresas cuyo único interés es el beneficio económico.
El gobierno debe liderar estos proyectos, pero con la colaboración del sector privado como socio, no como dueño. Esta colaboración debe ser justa y enfocarse en el bienestar social antes que en las ganancias.
Si no implementamos estas medidas, corremos el riesgo de perpetuar un sistema que sigue beneficiando a los mismos grupos de poder, mientras que el resto del país se hunde en la pobreza y la desigualdad.
La falta de acción solo agravará los problemas estructurales que enfrenta Honduras, dejando a futuras generaciones a merced de un sistema roto y corrupto.
Es momento de que tanto el sector público como el privado se responsabilicen y tomen medidas concretas para garantizar un futuro más equitativo y sostenible.
