Auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión se ha dictado este jueves a los tres ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rina Alvarado, Wilfredo Méndez y Reinaldo Hernández, por suponerlos responsables de prevaricato judicial en contra del Estado.
Asimismo, se ha informado que Alvarado y Méndez presentarán una caución de 5 millones de lempiras, mientras que Reinaldo Hernández una de 10 millones de lempiras, por lo que los acusados se defenderán en libertad mientras el proceso continua.
De acuerdo al requerimiento fiscal estos magistrados habrían emitido una sentencia contraria a la ley en marzo de 2022, con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por una empresa de capital privado en una cuantía de ciento cincuenta y nueve millones, ochocientos diez mil setenta y un dólares con treinta y nueve centavos (159,810,071.30).
La audiencia preliminar quedó fijada para el martes 12 de noviembre a las 9:00 de la mañana, donde se continuará evaluando el caso en contra de los exfuncionarios judiciales, quienes han sido señalados por irregularidades en sus actuaciones desde 2016.
La acusación detalla que, en febrero de ese año, el Pleno de la Corte Suprema ordenó la devolución de un expediente relacionado con Recursos de Casación a la nueva Sala de lo Civil.
No obstante, se investiga que Reynaldo Hernández habría influido para que su Sala fuera la encargada de resolver el caso, revelando un aparente interés personal.
El proceso culminó el 22 de marzo de 2022, cuando Hernández, junto a los magistrados Méndez Romero y Alvarado Moreno, dictaron una sentencia unánime que favoreció a las entidades bancarias demandadas, generando cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema judicial.
Las instituciones bancarias en cuestión habían sido demandadas por una empresa privada por una cuantía que ascendía a 159.810,30 millones de dólares. La resolución de los magistrados, según la acusación, habría vulnerado la confianza pública en la justicia.
Las medidas sustitutivas, estipuladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal, incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la secretaría del juzgado.