Santa Cruz de Soroguara. El ambientalista hondureño Juan Silva y su hijo Antonio Silva fueron hallados sin vida este jueves, tras más de 24 horas desaparecidos, en la comunidad de Soroguara, a 49 kilómetros al norte de la capital hondureña.
Ambos salieron de su hogar el miércoles en la mañana rumbo a Santa Cruz, en la misma comunidad, con la intención de documentar la tala ilegal de bosques mediante fotografías.
Al no regresar a casa, sus familiares denunciaron su desaparición ante las autoridades.
«Pedimos ayuda de las autoridades para localizarlos con vida», expresó Norman Silva, otro hijo del ambientalista.
Según su testimonio, padre e hijo se trasladaban en motocicleta, la cual fue encontrada abandonada en el bosque de Santa Cruz de Soroguara.
«Ellos solo querían tomar fotografías para presentarlas como pruebas ante el Ministerio Público», agregó.
Los cuerpos fueron hallados en el desvío de Las Moras, antes del peaje de Zambrano.
Uno de ellos estaba decapitado y el otro presentaba mutilaciones, lo que ha generado consternación y alarma entre activistas y defensores de derechos humanos.

Precedentes de violencia contra ambientalistas
Este sería el primer asesinato de un ambientalista en Honduras en lo que va del 2025. En 2024, el ambientalista Juan López fue asesinado en Tocoa, Colón, tras salir de una celebración en una iglesia.
Aunque tres hombres están detenidos como presuntos autores materiales, organizaciones sociales denuncian que los autores intelectuales continúan en libertad.
El crimen de López provocó fuertes reclamos de justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exigió al Gobierno una investigación exhaustiva e imparcial.
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Creciente violencia contra defensores del medio ambiente
Entre 2022 y 2024, al menos 30 defensores del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios han sido asesinados en Honduras, según datos del Conadeh.
La mayoría de los crímenes ocurrieron en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, donde se concentra el 79 % de los casos.
Estos datos reflejan una alarmante realidad: en promedio, un defensor ambiental es asesinado cada semana en Honduras.
Lo que ha llevado a organismos internacionales a exigir acciones concretas para frenar la violencia contra quienes protegen los recursos naturales.
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Responsabilidad del Estado hondureño
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado hondureño en casos emblemáticos como el de Blanca Jeannette Kawas, asesinada en 1995, y Carlos Escaleras, ultimado en 1997.
Otro caso relevante es el de Carlos Antonio Luna López, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho, quien también fue asesinado en circunstancias similares.
La comunidad internacional sigue de cerca la situación de los defensores del medio ambiente en Honduras, exigiendo medidas concretas para garantizar su protección y frenar la impunidad en estos crímenes.