Tegucigalpa. La ley para proteger a los desplazados por la violencia en Honduras, aprobada en 2022, plantea visibilizar más el fenómeno, afirmó este miércoles el representante de la Acnur en Tegucigalpa, Andrés Celis.
La normativa «sin duda» permitirá conocer la magnitud del desplazamiento interno en Honduras.
Asimismo, mejorar la protección de las víctimas ante amenazas como el reclutamiento forzado, aseguró Celis.
La Ley de las Personas Desplazadas, incluye la creación de un observatorio para que el país tenga cifras actuales e información desagregada, añadió.
Las estadísticas contribuirán a analizar mejor las causas del fenómeno para formular «políticas encaminadas a proteger a las personas desplazadas».
Según el último estudio presentado en 2019, unas 247.000 personas tuvieron que dejar su hogar y buscar protección en otra parte del país por la violencia.
Para el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la ley es un «mecanismo de inclusión».
Además, reconoce «la realidad» de las personas desplazadas y afectadas «históricamente» por la violencia que afecta a Honduras.
El marco de la norma, que tiene 81 artículos, establece «una gobernanza de la respuesta al desplazamiento».
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De la misma manera, exige una «coordinación» entre las instituciones estatales frente al problema, añadió.
Según la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras, el 68 % de los desplazados sufrieron apropiación, destrucción, abandono o venta de sus propiedades, y sólo el 32 % logró conservarlas tras el desplazamiento.